Sí, el haber mínimo pasará de $15.891,49 a $16.864. Es decir un aumento de 900 pesos. Lo confirmó el ministro de Trabajo Claudio Moroni junto a la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, en una conferencia de prensa desde Casa Rosada. Moroni dijo que, con este nuevo incremento, el 80% de los jubilados percibirán un 5,1% por encima de la inflación del período, proyectada oficialmente en 14,4% para este semestre. Es decir, el Gobierno anuncia el aumento como si fuera un beneficio, cuando en realidad es un ajuste. La cuestión es preguntarse si realmente los jubilados y pensionados se están beneficiando con los aumentos por decreto o si les conviene la ley sancionada con escándalo durante el gobierno de Macri. La suba anunciada ayer es del 6,12% y con la ley les hubiera correspondido el 10,9%. Casi 5 puntos de diferencia. En marzo pasó algo parecido. Con lo cual, salvo los que cobran la mínima, el resto perdió prácticamente 10 puntos en el semestre diciembre-junio debido a la suspensión de la ley de movilidad, que calculaba el haber en base a la evolución de precios y salarios. El Gobierno también dice que privilegia a los que cobran la mínima, que pagó tres bonos, que congeló tarifas y que les regala medicamentos a través del Pami. Sólo quiero recordar que ahora, los de la mínima, van a cobrar 16.864 pesos, o sea una miseria. ¿Cómo se hace para vivir con esa plata en Argentina? Y después, privilegiando a los de la mínima, se castiga a los que cobran 20 o 24 mil pesos. Son personas que aportaron más dinero al sistema o por más tiempo. Aportaron toda una vida pero no se les reconoce la proporcionalidad. Dos cuestiones extras 1- La suspensión de la fórmula anterior rige por 180 días, es decir, hasta fines de junio. En ese plazo, el Gobierno debía convocar a una comisión, con el objetivo de que propusiera una nueva fórmula. Recién ayer hubo una primera reunión en la que se conformó el grupo de trabajo. Les aviso que falta un mes para que venza el plazo que tiene esa comisión para elaborar un nuevo sistema de actualización de las jubilaciones. Por lo que se ve, no se los nota muy apurados por la situación de los jubilados. Quizá el Gobierno esté pensando en prorrogar por otros 180 días la suspensión de la ley de movilidad. 2- La otra cuestión es la judicial Como en marzo unos dos millones de jubilados recibieron un aumento menor al que marcaba la ley, fueron a la justicia. Una jueza de primera instancia no hizo lugar al reclamo judicial. Entonces se presentó un per saltum ante la Corte. Vaya desde aquí un simple recordatorio a los señores miembros del alto tribunal para que cuando quieran, y si la cuarentena se los permita, se expidan sobre la inconstitucionalidad del decreto que suspendió la ley de movilidad. En el final, me gustaría volver al fondo de la cuestión e insistir con una pregunta que ya hicimos en este espacio: ¿por qué el gobierno suspendió la ley de movilidad?. ¿Lo hizo porque era perjudicial para los jubilados? ¿O para lograr un ahorro fiscal? El Gobierno se ataja y nos recuerda que además de los aumentos, pagó bonos en diciembre, en enero y en la pandemia por un total de 13.000 pesos. Y por eso explican que el impacto fiscal es neutro. Al margen de los bonos, con la ley suspendida el Estado se ahorrará unos 70 mil millones durante todo el año porque, a futuro, los nuevos aumentos se van a calcular sobre una base más baja. O sea, el gobierno está haciendo un ajuste fiscal con los jubilados: rompió con la indexación de los haberes para tener control discrecional del gasto previsional. Como dijo Eugenio Semino este martes a los jubilados "les están quitando dinero que les corresponde por ley y no vuela una mosca: no hay un sindicato, no hay un partido político, no hay un legislador ni un Congreso que reclame". Y así, nos vamos acostumbrando, pasan los meses, la pirámide de los haberes se va achatando, el sistema de reparto se va extinguiendo y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Fernando Genesir