La entrevista de Irene Benito publicada en la plataforma "Justa" en cuatro definiciones

“El resultado buscado por la reforma de 2006 es el que ocurrió: preparar el terreno para manipular políticamente. En aquel momento ya se sabía que esto iba a pasar y hubo una gran resistencia de parte de los sectores preocupados por la independencia judicial, pero fue imposible pararla”.

“Yo veía que la presencia de (Enrique) Petracchi obligaba a poner un poco de orden dentro de las sesiones: siempre consideré importante esta participación”.

“La grieta determinó que unos consejeros defiendan a unos jueces y otros a otros. Yo intervine en siete procedimientos de destitución como acusador y en todos logré la expulsión”.

“Siempre dije que muchos de los que eran jueces en esos momentos previos al Consejo de la Nación, si hubiesen tenido que concursar y rendir exámenes, nunca se habrían presentado”.

El cordobés Luis Enrique Pereira Duarte recuerda cómo era la Justicia Nacional y Federal antes del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM). También vio de cerca cómo funcionaba el Consejo antes de la enmienda legislativa que redujo la composición original de 20 integrantes. Este abogado oriundo de Marcos Juárez cumplía la función de consejero por los colegas de las provincias cuando el Gobierno del ex presidente Néstor Kirchner impulsó el primer retoque al organismo incorporado a la Constitución en 1994, que empezó a funcionar cuatro años más tarde. Se trata de la ley que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional a fines de 2021 mediante una sentencia que generó roces mayúsculos con el Congreso y una todavía mayor incertidumbre jurídica. Con dudas e interrogantes aún abiertos, el mes pasado el CM recuperó el formato que presentaba en 2006: el reloj institucional retrocedió hasta el epílogo del mandato de Pereira Duarte.

“Los recuerdo como buenos tiempos, los últimos buenos. A partir de ahí ya comienza a surtir efectos la reforma anulada por la Corte el año pasado”, relata. Según su criterio, nunca hubo buenas intenciones, u otras intenciones más allá de aumentar la injerencia del poder político en la selección y la destitución de los jueces, y en la administración de los Tribunales, tales las funciones asignadas al Consejo. “La reforma de 2006 introdujo la grieta”, reflexiona en esta entrevista virtual con JusTA.

-¿Recuerda cuál era el argumento principal de la reforma?

-No, no, evidentemente no había otra razón que la necesidad de politizar más al Consejo y de que haya más políticos en detrimento del resto de los estamentos que estaban representados. Tanto fue así que los lugares de los abogados quedaron reducidos a la mitad: eran cuatro cuando yo estaba ahí y quedaron dos sillas. También quitaron una de las que pertenecía a los jueces. Los políticos mantuvieron su presencia, aunque ya sin representación de la segunda minoría. El resultado buscado es el que ocurrió: preparar el terreno para manipular políticamente. En aquel momento ya se sabía que esto iba a pasar y hubo una gran resistencia de parte de los sectores preocupados por la independencia judicial, pero fue imposible pararla.

-Una de las justificaciones que había para la reforma era que con menos integrantes los procedimientos de selección y de destitución iban a avanzar más rápido.

-Yo participé en varios debates como panelista y oyente. Recuerdo, por ejemplo, una actividad muy importante que se hizo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a la que fue Juan Manuel Urtubey como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y entonces diputado, después gobernador de Salta y ahora ya no sé qué hace. Me acuerdo que Urtubey defendía a muerte la reforma impulsada por la en ese momento senadora Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora no lo escucho decir nada a Urtubey: muchos quieren olvidar ese pasado. Los argumentos eran todos inventados. Se hablaba de que con menos consejeros iba a haber más avances o de que de esa manera se ahorraría presupuesto… Imposible tomar en serio a los diputados y senadores que quieren que otros órganos del Estado gasten menos cuando sabemos cómo ellos usan el dinero. En cuanto a la rapidez alegada, el número en sí mismo no fue un factor de demora. Yo creo que no caben dudas de que la reforma aspiró a dar más poder en el Consejo a la mayoría política de turno, que siempre se considera eterna. Digo esto por la gestión que reformó, pero, también, por la que le siguió, que no hizo nada respecto del Consejo que heredó.

-¿Cómo interpreta que la administración de Cambiemos no haya bregado por una despolitización del Consejo o, por lo menos, finalizado el juicio que en ese entonces ya estaba en la Corte por un recurso de la Casa Rosada?

-Se quedaron con la ley luego declarada inconstitucional a lo mejor porque creían que iban a tener siempre el número para manejar el Consejo. Pudieron haber hecho intentos de reforma, pero prefirieron quedarse con el poder enorme que habían recibido.

-¿Cómo era en el Consejo de 20 integrantes el proceso de formación de las mayorías?

-Básicamente hubo muchos consensos, sobre todo en lo que hace al trabajo de la Comisión de Selección de los candidatos a jueces. Se había llegado a un acuerdo, digamos tácito, donde las ternas se votaban en los plenarios y, si no se llegaba a los dos tercios necesarios para aprobarlas, se votaba de nuevo y se concedían los votos a la posición que en la primera ronda había conseguido más adhesiones. Para acusar era más complicado: ahí no existía el acuerdo tácito. Lo único que yo rescato de la ley de 2006 es la unificación de las comisiones de Acusación y de Disciplina. En mi época funcionaban por separado, y entonces llegaba una denuncia de mal desempeño y había que discutir a cuál comisión se la mandaba, si a la que podía poner en marcha el procedimiento de destitución o a la que podía sólo requerir una sanción. En la práctica ocurría que Acusación resolvía que no había motivos para despedir a un magistrado, pero sí para aplicarle una sanción menor, y no podía hacerlo. Las actuaciones debían regresar al punto de origen para recién pasar a Disciplina, lo que complicaba todo.

-¿Cómo describiría el ejercicio de la presidencia del Consejo por parte de quien tenía la presidencia de la Corte? Hoy se dice que esa figura podría condicionar a los estamentos de la abogacía y de la judicatura. ¿Qué opina usted al respecto?

-Creo que no había tal ascendiente. En la práctica, el presidente de la Corte iba muy pocas veces a los plenarios del Consejo: generalmente quien presidía las sesiones era el vicepresidente del organismo. Teníamos plenarios cada 15 días y, en la semana intermedia, se acordaba el orden del día en el despacho del presidente de la Corte. En eso sí estaba el representante del máximo tribunal. Pero tampoco hubo problemas por esto. Se procedía por consenso y, cuando había algún tema ríspido, se involucraba más el titular de la Corte. Quien más participó fue el presidente Enrique Petracchi (fallecido). El presidente Carlos Fayt (fallecido) asistió a muy pocas reuniones. Yo veía que la presencia de Petracchi obligaba a poner un poco de orden dentro de las sesiones: siempre consideré importante esta participación.

-En cuanto a las funciones del Consejo, se habla mucho de los concursos; se habla algo de la cuestión de la disciplina y de la acusación de la magistratura, y se habla casi nada de la faz administrativa del Poder Judicial. ¿A qué atribuye esta atención desigual? ¿Usted diría que en el fondo los consejeros delegaban la decisión sobre la administración de los recursos en la burocracia permanente del Consejo?

-Me parece que la reforma constitucional de 1994 cometió un error al darle la administración del Poder Judicial al Consejo. Como todos sabemos, el origen de esto está en decir que la Corte se dedique a dictar sus fallos y que no se ocupe de la parte administrativa. Pero en la realidad eso no ha funcionado. ¿Qué pasó? Se establecieron dos administraciones: una para la Corte, y la otra para la Justicia Nacional y Federal. El problema es que en el Consejo hay un recambio permanente de integrantes y eso conspira contra la estabilidad que debe tener quien maneje la administración. Entonces, efectivamente, sí se delegaba bastante en la burocracia, pero eso no significaba que no tuviéramos participación en algunas decisiones. Yo recuerdo una en particular que disparó el interés por la reforma: la discusión de un aumento de sueldo para los empleados judiciales. El entonces jefe de Gabinete y hoy presidente, Alberto Fernández, consideraba que el Consejo necesitaba una autorización del Poder Ejecutivo para cambiar el destino de las partidas presupuestarias. Nosotros lo discutimos mucho, pero finalmente obviamos el pedido de consentimiento y otorgamos ese aumento. Creo que fue algo que incomodó muchísimo. Tengo la sensación de que a partir de ahí empezó a marchar la reforma que impulsó el oficialismo.

-Cuando piensa en esos años del Consejo, ¿qué ideas se le vienen a la mente?

-Perdimos la forma de sesionar, de estar y de establecer los acuerdos. No existía lo que hoy llamamos la grieta. El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Joaquín da Rocha, era un miembro más y razonaba con nosotros. El Consejo ganó una notoriedad impresionante en estos días por todo lo que ha pasado y lo que está pasando, pero en aquellos primeros tiempos su accionar pasaba casi inadvertido para la sociedad. Los conflictos se resolvían con bastante naturalidad, aunque por supuesto que nos equivocamos o que enviamos ternas al Gobierno cuyos candidatos después no estuvieron a la altura del cargo. Por ejemplo, el juez (Walter) Bento de Mendoza: evidentemente no fue la mejor elección.

-¿Cómo interpreta el hecho de que el Consejo se haya vuelto con los años muy refractario a impulsar destituciones en comparación con el volumen de acusaciones que promovía al comienzo?

-La grieta determinó que unos consejeros defiendan a unos jueces y otros a otros. Yo intervine en siete procedimientos de destitución como acusador y en todos logré la expulsión.

-Usted era una especie de verdugo de la magistratura…

-No tanto: también había acuerdos políticos para salvar a algunos. A mí me tocó instruir el sumario contra el entonces juez federal de Corrientes (Carlos Vicente Soto Dávila). Había razones válidas y suficientes para formular la acusación, y yo recuerdo que eso no sucedió por decisión de los dos partidos: el justicialista y el radical. Lamentablemente, el juez salió indemne. Pero después aparecieron otras denuncias hasta que por fin el magistrado renunció a su cargo. Se perdieron años por un acuerdo político.

-¿El entendimiento entre el oficialismo y la oposición llegó a definir una especie de distribución de los cargos judiciales?

-El “toma y daca” es bastante normal en política. En aquel momento creo que eso por lo menos así visiblemente no existía. Pero ya que estamos en el tema de la evaluación del desempeño de la magistratura, creo que también debería ser reformada la ley vigente del Jurado de Enjuiciamiento porque no tiene ningún sentido que el representante de la abogacía provenga de un sorteo entre todos los profesionales de la matrícula. Necesitamos un Jurado permanente como el que había antes. Eso fue muy importante para estudiar los casos y crear alguna jurisprudencia. Tanto para el Consejo como para el jurado hay que volver a la vieja ley no porque sea la ideal, sino porque es la posible. El fallo de la Corte en alguna medida me dio la razón. Hay que recordar que el Consejo nació en 1994 y que el Congreso estuvo tres años discutiendo su reglamentación. Esto fue así incluso cuando ya no se podían llenar vacantes con el sistema anterior.

-La razón de ser del Consejo de la Magistratura consiste en aumentar los niveles de independencia del Poder Judicial. ¿Usted cree que ese objetivo principal se logró?

-Es muy difícil responder. Yo escucho que muchos cuestionan al Consejo por tratarse de una institución de Europa traída acá por medio de contrabando a nuestra Constitución, que sigue la línea estadounidense. Quiero recordar que mucho antes de que funcionara el Consejo de la Magistratura de la Nación ya había órganos de este tipo en las provincias. Siempre dije que muchos de los que eran jueces en esos momentos previos al Consejo de la Nación, si hubiesen tenido que concursar y rendir exámenes, nunca se habrían presentado. Había numerosos magistrados impresentables y la Justicia era un reparto de cargos políticos nada más. Sin duda me parece que el nivel ha mejorado por el sólo hecho de que haya un examen y la obligación de competir con otros aspirantes.

Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor/a y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.